¿De dónde viene la Minga?
Columna escrita por Katerine Duque Duque, coordinadora de la línea de investigación en Movimientos Sociales y Construcción de Paz del IEI. Publicado en La Silla Vacía el 14 de mayo de 2021.
Para entender realmente qué es la Minga debemos entender sus antecedentes, su dinámica interna y cuál fue su participación en el Paro Nacional. En esta columna me ocupo del primer tema.
Debemos comprender el proceso de la Minga como dinámica de movilización de la acción y del pensamiento de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Es importante destacar que en este proceso han confluido diversos sectores sociales; entre ellos, el campesino, el afrocolombiano, el estudiantil, el profesoral y el barrial. Además, ha tenido incidencia departamental, regional y nacional. Frente a los convulsos sucesos que se viven en nuestro país desde el 28 de abril y que aún no dan tregua, quisiera responder las siguientes preguntas para tratar de dar claridad sobre cómo llegamos al momento en que estamos. ¿Cuáles son los antecedentes de la Minga? ¿Cómo se ve la Minga desde adentro? ¿Y cuál fue el papel de la Minga en el Paro Nacional?
Responderé las dos últimas preguntas en mis siguientes columnas. En esta me ocupo de los antecedentes de la Minga.
Antecedentes: ¿"diálogos interruptus"?
La llegada el primero de mayo a Cali de la Minga del Cauca, representada en su mayoría por comunidades indígenas, dio un giro importante al paro que se gestó en la ciudad desde el 28 de abril. No solo lo oxigenó, sino que acentuó un proceso popular que debe comprenderse desde la ciudad-región. ¿Pero, entonces por qué llego la Minga a Cali?
2019: la cita nunca cumplida y la "silla vacía" en Caldono, Cauca
Es importante devolvernos dos años atrás. En marzo de 2019, el suroccidente del país vivió una de las movilizaciones más fuertes de los últimos años. La Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz del suroccidente colombiano duró cerca de 1 mes: del 10 de marzo al 6 de abril. También se vincularon comunidades campesinas y afros en un proceso de articulación fortalecido en el periodo de posconflicto que vivió el país en el marco del Espacio Regional de Paz del Cauca (Erpaz).
Tuvo una gran participación de comunidades y organizaciones indígenas representadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en el Cauca, y de otras zonas del país, como el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu)
y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac). Es importante mencionar también que este proceso de Minga tuvo incidencia en otros territorios como Chocó, Putumayo, el sur de Córdoba y la zona de Cali y Buenaventura.
Las contundentes exigencias por parte de las organizaciones vinculadas en la Minga tenían un gran sentido en la defensa de la vida y de la paz, como también en las medidas de garantías para la movilización. En ese caso, el Cric, con sus 11 regionales, pedía el cumplimiento del decreto 1999 y 2027 en la ejecución de los planes cuatrienales. Estos incluían los sistemas de educación, salud, económico-ambiental, justicia, control territorial y gobierno, entre otros; todos ellos mencionados en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
En el marco del proceso de movilización y paro, se buscó consolidar una agenda de diálogo con el presidente basada en siete puntos:
- Territorio (tierras, Ley 160, Zidres y manejo energético)
- Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
- Plan Nacional de Desarrollo
- Vida y derechos humanos
- Paz y convivencia
- Derechos especiales y diferenciales de las comunidades étnicas
- Derechos de los campesinos.
Además de estos siete puntos, también se exigía revisar los acuerdos incumplidos en los gobiernos anteriores. El tratamiento de la protesta se situó en un punto sin salida; las comunidades afirmaban que era importante dialogar para desbloquear, mientras que el Gobierno exigía desbloquear para poder dialogar. Este círculo poco virtuoso, que radicalizó las posiciones, dejó sin abastecimiento de comidas a Popayán, produjo un traumatismo de movilidad en el suroccidente y suscitó confrontaciones del Ejército y la Policía (el Esmad) contra las comunidades.
Luego de un desarrollo de mesas de negociaciones y concertaciones técnicas entre delegados del Gobierno y de las organizaciones sociales de la Minga, se tocó un punto político supremamente importante: la conformación de un diálogo entre las regiones y la nación con siete temas a tratar y que debía ser presidido por Iván Duque.
Así el 9 de abril, esperaban al mandatario en Caldono, Cauca, para dirigirse a la plaza pública, donde se encontraban no solo indígenas, sino comunidades afrocolombianas y campesinas. Todo el performance de más de 3 horas no culminó en las palabras del presidente dirigidas a la plaza pública. Por el contrario, él decidió sostener la posición de hablar solo con algunos delegados en otro lugar, a causa de un supuesto atentado en su contra.
Mientras tanto, las comunidades exigían una interlocución pública, apenas lógica, después de 27 días. La plaza de Caldono estaba llena de gente y en cada uno de los cuatro puntos, el Ejército estaba dispuesto como francotiradores. Además, se había hecho una acción de seguridad articulada entre la Fuerza Pública y las guardias comunitarias (indígenas, campesinas y afro). En medio de la espera, a lo lejos se vio llegar un helicóptero, bajar y despegar.
Entre murmullos y voces, se decía: “Se fue el presidente”. La gente estaba decepcionada.
Ante esta situación, las comunidades en minga aclararon que ellos cumplieron: como una muestra de su voluntad de diálogo, el 5 de abril decidieron desbloquear la Vía Panamericana. Sin embargo, el Gobierno incumplió. A pesar de esto, la minga entró en asamblea permanente en cada uno de los puntos de concentración. En el marco del proceso de movilización permanente o estado de alerta de las comunidades, sin bloqueos, se evidenció que el debate político aplazado y nunca facilitado por el Gobierno no involucraba solamente a la Minga del suroccidente: era un debate fundamental para el país en su conjunto.
El mundo se había convulsionado con importantes movimientos como el de los Chalecos Amarillos en Francia, los libertarios en Hong Kong, las movilizaciones contra las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador, las discusiones sobre fraude electoral en Bolivia y, en Chile, en busca de un cambio de constitución política.
Colombia, por supuesto, no fue ajeno a eso. Los sindicatos, estudiantes, profesores, artistas y la Minga se sumaron a la jornada del 21N (así llamada porque inició el 21 de noviembre), consolidando un llamado a un paro nacional, algo que no se llevaba a cabo en el país desde hacía 44 años. Entre las motivaciones que llevaron a esta decisión podemos destacar: la falta de interlocución efectiva del Gobierno con las dinámicas políticas y sociales; el “paquetazo de Duque” (que incluían decisiones vinculadas a la Ocde y al FMI); la defensa de la vida y la paz; el rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales, al bombardeo en un “campamento” en el Caquetá que dejó sin vida a menores de edad y a las reformas laboral, pensional y tributaria; el reconocimiento al derecho a la protesta; y la lucha contra la corrupción (recordemos la consulta “anticorrupción” que se había realizado un año antes, en 2018).
Este paro acentuó las lógicas de control de la protesta por parte del Gobierno. Se configuró la noción del “vándalo” como un “otro” invalidado para el diálogo por la acción radical de daño y perjuicios al espacio público. Se posicionó en la opinión pública la disyuntiva entre la “violencia buena” y la “violencia mala”. Además, se instauró en Cali una lógica de miedo en la noche del 21 de noviembre en la que vimos vecinos armados cuidando las unidades de un “alguien”, un “grupo”, “un colectivo” (que nunca se identificó). Al eco de las balas que atravesaban la Sucursal del Cielo, hubo mucho miedo. La ciudad se militarizó.
Ante esta situación, el paro se mantuvo y el 22N, en Bogotá, se revivió el miedo de Cali; visitantes extraños que se apoderarían y saquearían conjuntos residenciales. La red comunitaria y familiar se llenó de miedo por lo que estaba pasando. Durante el día, las movilizaciones continuaban, al igual que los enfrentamientos, el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía y el Esmad; esto último dejó una marca en muchos de los jóvenes que marchaban, pues fue durante las manifestaciones del 23 de noviembre que murió Dilan Cruz, al parecer por un disparo de la Policía.
Los sectores de la minga del suroccidente también se sumaron al paro como rechazo a la poca disposición de diálogo por parte de Duque, quien dejó la “silla vacía” en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Las comunidades indígenas del Cric llamaron a la movilización el 21N por la defensa de la vida; para esa fecha, el Cric denunciaba cerca de 126 homicidios, 264 amenazas y 80 amenazas colectivas en el Cauca y, lo más grave, el asesinato de la autoridad Ne´j Wesx Cristina Bautista el 29 de octubre. También se movilizaban por la defensa del territorio y por el incumplimiento de acuerdos de la Minga del suroccidente del 2019; afirmaban que no había garantías para avanzar en el debate político en los temas estructurales, lo cual agravaba la emergencia social, económica y humanitaria del país. También exigían la implementación del Acuerdo de Paz y descartar el uso del glifosato para la erradicación de los cultivos de uso ilícito.
La minga, además, ratificó su participación en la asamblea nacional realizado el 6 y 7 de diciembre. Las comunidades indígenas reafirmaron la asamblea permanente, invitando a todos los sectores a realizarlas (sectores barriales y otros espacios organizativos y/o en germen de los jóvenes, mujeres, desempleados, pensionados, trabajadores, estudiantes y artistas). El proceso de movilización hacía un llamado a cumplir acuerdos estructurales, elementos fundamentales para desarrollar diálogos plurales.
De esta manera se consolidó “la previa” que hizo la minga al Paro Nacional de noviembre de 2019. La jornada del 21N tuvo una duración constante y progresiva: el 1 de diciembre, las comunidades indígenas de la Minga decidieron enviar una comisión delegada a Bogotá para fortalecer a las autoridades que habían llegado el 27 de noviembre; el 3 de diciembre iniciaron caravana masiva a Bogotá de manera articulada con todas las organizaciones que hacían parte de la Minga del suroccidente (indígenas, campesinas y afrocolombianos); “en el desarrollo de esta caravana nos encontraremos con estudiantes, transportadores, campesinos, afrocolombianos, y con los compañeros migueros y mingueras del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec). Asimismo, invitamos a todos y todas que durante este recorrido a la ciudad de Bogotá se sumen y ser más los caminantes por el fortalecimiento de la movilización social hacia la exigencia de nuestros derechos como pueblo colombiano”.
Todo esto muestra cómo la Minga se ha convertido en un movimiento catalizador y articulador del movimiento popular.
2020: el virus y la "silla vacía" en Bogotá
Las jornadas de movilización se mantuvieron en el tiempo; hasta el 23 de diciembre se registraron ejercicios de movilización, en conmemoración del primer mes del asesinato de Dilan Cruz. El Comité de Paro convocó entre el 15 y el 29 de enero “encuentros, asambleas populares locales, municipales, departamentales, regionales y sectoriales preparatorias del encuentro nacional” que se realizarían el 30 y 31 con los comités de paro constituidos del país y con
“todas las organizaciones sindicales, sociales, populares, estudiantiles, juveniles, de mujeres, transportadores, pueblos indígenas, pueblo negro y comunidades campesinas que están movilizados”.
La adopción estricta de cuarentenas y toques de queda disminuyó la dinámica de movilización a nivel nacional. Sin embargo, la crisis económica y de salud profundizó las deudas del Estado y la búsqueda de estrategias económicas para salir de la crisis. Lo anterior no dejó de lado las dinámicas de violencia y reconfiguración del conflicto armado en los territorios rurales del Cauca y suroccidente. Según el informe de la Mesa de Garantías del Cauca (2020), de marzo a mayo, en ese departamento se registraron 20 personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y miembros de sus familias asesinadas. Entre ellas, cabe resaltar el del líder social Hugo de Jesús Giraldo, en Santander de Quilichao, asesinado en su residencia (aún se me aguan los ojos con el asesinato de Hugo de Jesús. Tantas preguntas y visitas pendientes al Naya quedaron truncadas, con una deuda que la vida no permitirá cumplirla, en el marco de los espacios formativos que realizamos desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Esta quizá sea una forma de recordarlo y fortalecer su legado, junto con el de Mario Chilhueso, por la paz y por la vida y por el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos).
Pasados los meses, la Minga del Suroccidente decide reactivar la movilización. Llegó a Cali el 12 de octubre, ubicándose en el Coliseo del Pueblo; buscaban un escenario de concertación y diálogo con el presidente Iván Duque, que no se había podido realizar en el año anterior. Sin embargo, a pesar de esperarlo en Cali, el mandatario nunca se presentó. Decidieron entonces dirigirse hacia Bogotá, lugar al que llegaron el 18 de octubre “para recuperar aquello que nos quitan: la vida, el territorio, la paz y la democracia”. Allí buscaban un diálogo con el presidente para abordar algunos temas de la agenda política que había consolidado la movilización de la minga en marzo del 2019. También querían dialogar sobre los puntos de la agenda nacional que habían detonado en el paro del 21N del año 2019. Esto, sumado a las cifras alarmantes de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. En esa audiencia pública realizada en la Plaza de Bolívar, el presidente de nuevo dejó la silla vacía y nunca se presentó.
Como lo dijo en su momento Tatiana Duque, de La Silla Vacía:
“El ‘juicio’ terminó en una sentencia de 22 puntos que van desde responsabilizar al Gobierno en cabeza de Duque de vulnerar los derechos fundamentales de afros, indígenas, sindicatos, entre otros; hasta ordenar la anulación de licencias y proyectos minero-energéticos que puedan ‘atentar contra la vida y el equilibrio natural‘ de los pueblos”.